El juez federal de Orán Raúl Reynoso, procesado como presunto jefe de una asociación ilícita que supuestamente beneficiaba a narcotraficantes con sus fallos y en proceso de acusación ante el Consejo de la Magistratura, sumó ayer una nueva denuncia en su contra. Esta vez, porque eventualmente favorecía a determinados comerciantes de mercaderías en el Norte a través del dictado de medidas cautelares que les permitían saltearse los límites de importación fijados por la Aduana/AFIP.
El fiscal federal N° 2 de Salta, Eduardo José Villalba, y el director de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, presentaron un escrito ante el juez federal de Salta Julio Bavio para que adjunte al expediente principal la denuncia de Héctor Antonio Navarro, presidente de una de las 14 cámaras de comercio de la localidad de Profesor Salvador Mazza.
Esas cámaras formaban parte de una comisión multisectorial (que integraban la AFIP, la Dirección General de Rentas y la municipalidad de Salvador Mazza) con el fin de regular los cupos que se daban a los comerciantes locales para la venta de mercadería calificada como «de alto riesgo fiscal» por Aduana -como harina, aceite, arroz, azúcar y maíz- en la zona de tráfico vecinal fronterizo entre Salta y Bolivia.
Se habían fijado 150 cupos mensuales en función de una lista de inscriptos para la importación de aquellos productos. Era un camión de harina por comerciante.
Según la denuncia de Navarro, en 2010 un comerciante sirio de apellido Barakat Barakat pidió ser excluido de aquella lista. Pero no fue porque ya no se dedicaría a la actividad. Se supo pronto que había interpuesto un amparo contra la Aduana de Pocitos, al que Reynoso hizo lugar, lo que le permitió ingresar de forma ilimitada camiones a través de la frontera. Navarro dijo que en los cinco meses siguientes Barakat Barakat habría movilizado unos 800 camiones de maíz, más de cinco por día.
La Cámara que presidía Navarro intentó el mismo remedio. Pero Reynoso hizo lugar parcialmente a su recurso de amparo: habilitó el ingreso de tres camiones de harina por comerciante. Para colmo, la Aduana no se los autorizaba: el organismo había apelado el amparo, cosa que no había hecho en el caso de Barakat Barakat.
Sin hacer caso a la Cámara
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A pesar de que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta solicitó al juez federal de Orán que «no se inmiscuyera en el ámbito propio del Poder Ejecutivo, tal como lo venía haciendo al hacer lugar a los amparos mencionados», Reynoso siguió dando cupos por amparo a discrecionalidad, denunció Navarro.
«Consideró el mencionado tribunal inaceptable la conducta del magistrado en lo relativo al incumplimiento del traslado al Estado nacional; a la concesión de la medida sin que la actora [los comerciantes favorecidos con el amparo] hubiera invocado norma alguna y al alcance asignado a ésta respecto del volumen [de ingreso de camiones] autorizado; y al hecho de que el juez sigue apartándose sistemáticamente de los precedentes dictados por esa Cámara sobre la materia sin siquiera mencionarlos y menos aún dar razones que justificarían tal apartamiento», reza el dictamen de los fiscales.
«Es vox pópuli en Orán y en Salvador Mazza que quienes obtuvieron resoluciones favorables pagaron importantes sumas de dinero y siempre se presentaron con los mismos abogados, pudiendo mencionar a [Arsenio] Gaona y [Ramón] Valor», dijo el comerciante a los fiscales Villalba y Gonella, según pudo saber LA NACION. Esos abogados fueron procesados por el juez Bavio junto a Reynoso como miembros de la asociación ilícita.
Fuente: La Nación.com