Son estructuras mafiosas enquistadas en el puerto, empresarios arremeten contra un mecanismo aceitado para saltear el monitoreo oficial y obtener licencias no automáticas. Eso lo aseguró Ariel Schale, director de la Fundación proteger, quien comentó que “tenemos bajo investigación a un importante grupo de empresas y particulares que, en connivencia con algunas facciones del poder judicial, armó una maquinaria aceitada”.
La misma les permite obtener medidas cautelares de manera casi instantánea para saltear el proceso de otorgamiento de las Licencias No Automáticas (LNA), necesarias para gestionar una importación.
Las LNA son los instrumentos de monitoreo y control que reemplazaron a las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) que había creado Moreno.
La Organización Mundial del Comercio otorga hasta dos meses para su aprobación, período en el cual el Gobierno puede analizar los antecedentes y avales del importador, las características del producto que se quiere ingresar y el país de origen.
Se trata de sociedades fantasmas creadas para gestionar uno o dos pedidos de importación, para luego disolverse. En algunos casos, según pudo saber este medio, aparecen como testaferros jubilados sin ningún tipo de solvencia económica.
“Son sociedades que duran cuatro o cinco meses, que manejan fondos en negro y que operan importaciones por millones de dólares, puenteando el control que puede hacer el Gobierno», agrega el directivo.
Para peor, lo hacen «con la ayuda de algunos jueces que los benefician con esos amparos”, completa.
La cámara está preparando un documento en el que han recopilado la información de todas las sociedades truchas y que será dado a conocer en los próximos días.
Fin de «zona liberada» en el puerto
Empresarios del sector calzado, la electrónica y del rubro textil aseguran que, desde la llegada de Gómez Centurión los controles en el puerto de Buenos Aires se reforzaron notablemente.
En concreto, tras cruzar datos de importadores y elaborar perfiles de riesgo por los orígenes y las mercaderías declaradas, se detectaron 4.500 contenedores sospechados de contrabando por un valor superior a los u$s500 millones.
“En algunos contenedores decían que traían tasas de plástico y baratijas, pero resultaba que venían telas por más de u$s100.000”, especifica a este medio Marco Meloni, vicepresidente de la Fundación ProTejer.
“En los últimos meses la Aduana también detectó otro tipo de maniobras: como la de importadores que llenaban el 20% del container con la mercadería declarada y después utilizaban el 80% restante para cargarlo con productos más costosos y no declarados”, acota.
Mucha agua ha corrido tras las controvertidas denuncias por supuestos casos de corrupción, sobornos y maniobras de subfacturación -que provocaron su desplazamiento durante cerca de dos meses- y su posterior confirmación al frente del organismo.
Juan José Gómez Centurión hoy goza del crédito de la mayoría de las cámaras sectoriales, especialmente de aquellas que pertenecen a los sectores más sensibles al contrabando.
Su reivindicación pública tuvo lugar días atrás, en el marco de la ProTextil, la convención anual que reúne a los principales referentes y empresas de esta rama de actividad y que este año contó con la participación de funcionarios como el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y de la vicepresidenta, Gabriela Michetti.
“Gómez Centurión subió al estrado en medio de un aplauso infernal. Realmente fue un reconocimiento por haber dado el puntapié inicial de la fuerte purga en la Aduana y por haber sido quien comenzó a investigar la enorme red de funcionarios y empresarios que se dedicaron a montar una estructura para contrabandear por montos millonarios”, acotó Miguel Ponce, experto en comercio exterior.
Hoy, la Aduana es un gran hervidero. Cada vez que se abre un contenedor, es como si se destapara una olla que no hace más que correr el velo de una organización que fue creada para violar los controles de múltiples formas.
Como parte de esta investigación es que la Justicia decidió ordenar las detenciones del ex director de la DGA en el Puerto de Buenos Aires, Edgardo Paolucci; de Federico Tiscornia, hermano del ex juez Guillermo Tiscornia y de Claudio Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Julio De Vido.
Fuente: Iprofesional